Hugo Velásquez Zavaleta, Juez del 5º Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, declaró fundado el proceso de amparo iniciado por Carlos Ruiz Huayllaccahua contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) y contra la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel de las Acciones y Políticas del Estado en los Ámbitos de Paz, Reparación Colectiva y Reconciliación Nacional (CMAN).

Carlos Ruiz Huayllaccahua, en su condición de presidente de una ronda campesina en la región de Ayacucho, participó constantemente en enfrentamientos directos contra miembros de Sendero Luminoso entre los años 1989 y 1990. Como resultado, quedó discapacitado de forma permanente. Además, como represalia por su participación la lucha contra subversiva, terroristas torturaron y asesinaron a su madre.

Ruiz Huayllaccahua fue incorporado en el Registro Único de Víctimas (RUV) como víctima directa por la pérdida de un brazo, y como familiar de víctima por lo sucedido a su madre. Sin embargo, el Ministerio de Justicia y la CMAN sólo le reconocieron la indemnización por discapacidad, pues el Programa de Reparaciones Individuales (PRI) excluye a los afectados que ya han sido reparados económicamente por el PRI u “otras decisiones políticas o políticas del Estado”.

El 5º Juzgado Constitucional de Lima, además de declarar fundada la demanda de amparo, decretó que existe un estado de cosas inconstitucional por la negación sistemática y reiterada del MINJUS y la CMAN del derecho a la reparación integral de los 5516 beneficiarios registrados con más de una afectación, ordenando a dichas instituciones a que "en el plazo máximo de cuatro meses procedan con la entrega de las reparaciones que prevé el Plan Integral de Reparaciones para todas las personas que han padecido más de una afectación de sus derechos constitucionales, a razón de una reparación por hecho agraviante".

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