El fiscal Luis Landa señaló, basado en el informe de la CIDH, que el Estado quiso mantener en la impunidad el caso Bustíos y que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, lo archivaron en más de una ocasión. También citó como ejemplo la Ley de Amnistía que dictó el gobierno de Alberto Fujimori para evitar que personal militar sea juzgado por sus malas acciones en zonas de emergencia. Por su parte, la Dra. Jessica Saca, abogada de COMISEDH, destacó que la investigación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas denotaba “parcialidad”, ya que había una actitud para que la investigación “no prospere”.

Frente a este escenario, organismos de protección de periodistas y de DDHH denunciaron al Estado ante la CIDH para que el crimen contra Hugo Bustíos sea esclarecido. En su informe, el organismo interamericano también incluyó la denuncia que el entonces juez instructor de Huanta, Moisés Ochoa Girón, recibió amenazas de personal militar cuando se hizo a cargo de las investigaciones.

Finalmente, la abogada de COMISEDH resaltó que la CIDH exigió al Estado peruano una investigación “seria, imparcial y eficaz” para hallar a los responsables del asesinato de Bustíos y de atentar contra la vida de Eduardo Rojas.

Cabe recordar que, en el 2007, el Poder Judicial emitió una sentencia que condenó a Víctor La Vera Hernández (quien en 1988 se desempeñaba como Comandante del Ejército de Huanta) y al capitán Amador Vidal Sanbento a 17 y 15 años de prisión respectivamente, de los cuales solo cumplieron cuatro años. Asimismo, se encomendó a que se iniciaran nuevas investigaciones para hallar a Johnny Zapata Acuña (“Centurión”, fallecido) y otros responsables, que resultaron en la acusación actual contra Daniel Urresti Elera.