Ante esta situación es vital la labor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), a cargo de la Defensoría del Pueblo desde la emisión de la Ley 30394 en diciembre de 2015, y quien hace unos días emitió su primer informe anual. En este documento se incluyen las primeras directrices para el ejercicio del rol del MNPT, siendo un primer paso importante por parte de la Defensoría hacia el cumplimiento de sus funciones preventivas de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que pueden ser cometidas contra personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios, centros juveniles y dependencias policiales.

Otros pasos importantes que la Defensoría debe realizar es incluir en sus directivas y planes de supervisión otras situaciones en la que existe un alto riesgo de tortura o malos tratos (como establecimientos militares y centros de rehabilitación), nombrar al Director o Directora del MNPT y emprender su puesta en funcionamiento.

Asimismo, COMISEDH advierte la necesidad de asegurar el presupuesto necesario a la Defensoría para que el MNPT pueda ejercer sus funciones a cabalidad. Y es que, además del compromiso internacional que el Estado peruano asumió ante la ONU para la creación del Mecanismo, la Corte IDH le ordenó asegurar al MNPT los “recursos logísticos y científicos necesarios” para el cumplimiento de sus funciones.

En esta misma línea se pronuncia Nels Melzer, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como tres de sus antecesores, quienes aseguran que la implementación de “salvaguardias” y la apertura de las puertas de todos los lugares de privación de libertad al monitoreo externo “son las medidas más efectivas para prevenir la tortura”, indican en un texto publicado este lunes.

Con la puesta en funcionamiento del MNPT, se podrían detectar con mayor celeridad, por ejemplo, posibles abusos contra soldados del Servicio Militar Voluntario (SMV) y evitar que terminen en tragedias. Tales son los casos de los cuatro soldados que fallecieron el pasado mayo en la Playa Marbella en Magdalena, y la fuga y salida de emergencia de otros soldados de dos instalaciones militares de Tacna, que COMISEDH tuvo conocimiento en marzo pasado.