Joel Deyvis Luque Berrospi fue condenado a 9 años de prisión y al pago de cien mil soles de
reparación civil por la tortura y muerte del joven soldado Luis Esteban Ching Bardales, de tan sólo 22 años.
El 29 de septiembre de 2014 Joel Deyvis Luque Berrospi, quien se desempeñaba como Jefe de Grupo de Artillería en el cuartel "Francisco Bolognesi" del distrito de Chorrillos, ordenó a otros seis soldados que amarren un polo en la cabeza Luis Ching Bardales y que lo sujeten para echarle agua con el rostro cubierto -técnica de tortura conocida como "waterboarding"-, por considerarlo responsable de la pérdida de objetos dentro del cuartel. Luego, los agresores sumergieron la cabeza de Ching Bardales en un tacho con agua, produciéndole la muerte por ahogamiento.
Luque Berrospi aceptó todos los cargos y fue condenado el viernes 8 de junio por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur a 9 años de prisión y al pago solidario de la reparación civil.
La abogada Dania Coz Barón, coordinadora del Área Legal de COMISEDH, señaló que "éste es un caso importante para visibilizar la situación de miles de soldados que son sometidos constantemente a abusos ilegales originados en una mala concepción de la disciplina militar".
Los demás soldados involucrados, identificados como Waldo Adrián Meza Cahuana, Beker Royer Chilo Chuchullo, Serafín Néstor Silvestre Esteban, Dante Danny Torres Flores, Fredy Guillermo Tovar Vento, Saúl Remigio Samanez Aulla y Joao Mijael Guerra Ávila, continúan siendo procesados.
Al respecto, la abogada de COMISEDH Jessica Saca Soto, a cargo del caso, expresó que "en los delitos contra los derechos humanos los cómplices no pueden ampararse en qué estaban siguiendo órdenes. Ellos sabían que lo que hacían era ilegal y deben responder por ello".
Cabe señalar que la sentencia condenatoria ha sido apelada por COMISEDH, debido a que los familiares de la víctima y la organización consideran que 9 años no es suficiente para reparar el daño causado al soldado Ching Bardales "tiene que considerarse que él entró al Ejército para servir a su país y el condenado debía velar por su educación y salud; en éstos casos el Estado tiene un deber de garante", finaliz la abogada Saca Soto.
COMISEDH patricina este caso en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la prevención, judicialización y rehabilitación en casos de tortura y violación sexual en el Perú", que co-ejecuta con el Centro de Atención Psicosocial, CAPS, con el financiamiento de la Unión Europea.