Este lunes 1º de octubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia en el caso Munárriz Escobar y otros Vs. Perú, condenando al Estado Peruano por la desaparición forzada del joven Walter Munárriz a manos de efectivos policiales, el 20 de marzo de 1999.
Munárriz, quien en ese momento tenía 19 años de edad, fue detenido en la comisaría de Lircay - Huancavelica, luego de que ingresara por equivocación a la habitación del hotel de la esposa de un Sub Oficial de la PNP. A pesar de que los efectivos policiales implicados afirmaron que se le dio libertad horas más tarde, nunca más fue visto con vida y desde entonces se desconoce su paradero.
En la sentencia, la Corte IDH señala que no existe prueba directa que Walter Munárriz haya sido puesto en libertad y que debido a la posición de garante en la que se encontraba el Estado Peruano, desde el momento de la detención por agentes policiales, corresponde al Estado brindar una explicación satisfactoria y convincente que desvirtúe su responsabilidad internacional.
En ese sentido, la Corte IDH ordenó al Estado Peruano que continúe las investigaciones para que en un plazo razonable y con la mayor diligencia se identifique, juzgue y, en su caso, sancione a los responsables de la desaparición forzada de Walter Munárriz. Asimismo, deberá iniciar una búsqueda rigurosa, sistemática y con los recursos humanos, técnicos y económicos adecuados con la finalidad de conocer su paradero. Todas las medidas ordenadas serán supervisadas por la Corte IDH.
La abogada del caso, Dania Coz, Coordinadora del Área Legal de COMISEDH, señaló que "Este caso resulta de especial trascendencia porque es la primera sentencia de la Corte Interamericana en el que se aborda desapariciones forzadas no vinculadas a contextos dictatoriales o de conflictos armados. Urge implementar en Perú protocolos de actuación respecto a la búsqueda de personas desaparecidas en este tipo de casos".
COMISEDH patrocina este caso en el marco de su Proyecto "Fortalecimiento de la prevención, judicialización y rehabilitación en casos de tortura y violación sexual en el Perú", que se co-ejecuta con el Centro de Atención Psicosocial, CAPS con el apoyo financiero de la Unión Europea.
Lima, 2 de noviembre de 2018