La Defensoría del Pueblo constató en dicha época que se trataría de una desaparición forzada y detectó diversas irregularidades en la investigación, al extremo que la Fiscal a cargo del caso tuvo que ser separada.
Sobre el proceso del caso:
En el 2001, la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica emite sentencia condenatoria; sin embargo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declara la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio oral, sustentando su decisión por problemas meramente formales. La nueva sala a cargo, la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, en 2004 emite una sentencia en la que absuelve a todos los procesados debido a que el testigo presencial de los hechos se retractó. Se cree que dicho testigo habría sido amenazado por los policías implicados.
El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana en el año 2005 y fue elevado a la Corte IDH en junio del año pasado. La abogada Dania Coz resaltó la importancia del caso señalando que “éste es el primer caso contra Perú en el que la Corte Interamericana se pronunciará sobre una desaparición forzada ajena a un contexto de lucha contrasubversiva y servirá para que las malas prácticas de violaciones a los derechos humanos del pasado sean erradicadas por completo”.