El 5 de junio del 2009, agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) de la Policía Nacional, apoyados por las Fuerzas Armadas, realizaron un operativo para despejar la llamada “Curva del Diablo”, sector de la carretera Fernando Belaúnde Terry ubicado en el distrito de Uctubamba, provincia de Bagua Grande, región Amazonas. El operativo fue ordenado por la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y el primer ministro Yehude Simon.

La “Curva del Diablo” estaba ocupada por 1200 a 1500 indígenas awajún y wampis, que se habían movilizado pacíficamente durante las semanas previas, pero tras 50 días sin recibir atención a sus demandas, decidieron bloquear la carretera. Los agentes de la DINOES intentaron disolver la manifestación indígena con bombas lacrimógenas, generando un enfrentamiento.

El libro “LA VERDAD DE BAGUA”, publicado por COMISEDH, señala que los efectivos de la DINOES efectuaron disparos, con consecuencias letales. Algunos indígenas arrebataron las armas a los policías y devolvieron los disparos. Además, otro grupo tomó como rehenes a los policías que custodiaban una base petrolera, la Estación Nº6, ubicada a varios kilómetros de la “Curva del Diablo”. El enfrentamiento tuvo como consecuencia la pérdida de 33 vidas, más de 100 heridos y por lo menos un desaparecido, el mayor PNP Felipe Bazán.

El conflicto se originó en el segundo gobierno de Alan García, quien promulgó varios Decretos Legislativos que afectaban gravemente los derechos de las comunidades amazónicas, en beneficio de empresas extractivas. COMISEDH afirma que el operativo policial fue mal planificado, desproporcionado, equívoco, improvisado e irresponsable, y desató una masacre innecesaria.

Cincuenta y dos líderes indígenas fueron detenidos a raíz de los sucesos de Bagua, y fueron acusados de homicidio calificado, instigación, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, motín y disturbios, arrebato de armamento y municiones, tenencia ilegal de armas de fuego y daños agravados. Tras 7 años de juicio, en setiembre del 2016, el Poder Judicial los absolvió.

A pesar de que el general PNP Luis Muguruza y otros oficiales policiales tienen un proceso judicial pendiente por su papel en la dirección del operativo, los responsables políticos (Alan García, Mercedes Cabanillas, Yehude Simon) nunca fueron investigados y los sucesos del llamado “Baguazo” permanecen impunes hasta la actualidad.