Proceso de judicialización de casos de tortura es lento y engorroso
COMISEDH hace un breve balance del estado de los casos de tortura judicializados.
La búsqueda de justicia en casos de tortura encuentra, desde nuestra experiencia, diversas trabas procesales, que se ubican tanto a nivel de fiscalía como del Poder Judicial. A esto se le suma la problemática planteada en torno a la discusión jurisprudencial y doctrinaria del tipo penal de tortura, que genera incluso en alguno de los casos, mayor dilación al decretarse la nulidad de una de las sentencias, requiriéndose nuevo juicio respecto de ese caso en concreto.
Preliminarmente, hemos ubicado 6 casos que forman parte de nuestra representación con trabas a nivel procesal que hemos considerado relevantes, listándose de la siguiente manera:
- Caso Alberto Franco Mendieta Ludeña
Habiéndose producido los hechos denunciados como tortura el 13 de julio de 2008, el caso se encuentra nuevamente en etapa de juicio oral, al haber ordenado la Primera Sala Penal Transitoria la nulidad de la sentencia de primera instancia del 15 de agosto de 2014 el día 8 de febrero de 2017, que absolvía a los procesados del caso.
Como se advierte del presente caso, una resolución en primera instancia, que pretende dar solución al proceso, terminó por dilatar aún más el proceso judicial seguido por la víctima, quien recurriendo a la Corte Suprema habría logrado la nulidad de la sentencia anterior. Sin embargo, esto habría generado la necesidad de continuar con un proceso que ya contaba con varios años de existencia, y cuyo recurso de nulidad tomó aproximadamente 2 años y medio en ser resuelto.
- Caso Bayovar
Los hechos del presente caso datan del 17 de setiembre de 2017, habiéndose realizado la denuncia a la mañana siguiente de haberse producido el delito. La Sexta Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de San Juan de Lurigancho, fiscalía a cargo del caso, no habría aún llevado a cabo las diligencias correspondientes a la investigación de los hechos denunciados, a pesar de las constantes reiteraciones realizadas por la representación de las víctimas.
En ese sentido, desde COMISEDH se han presentado en diversas oportunidades escritos solicitando respuesta por parte de la fiscalía a las diligencias solicitadas por las víctimas. No obstante, la única respuesta que se ha recibido es que la fiscalía cuenta con una carga procesal muy elevada que no le permite realizar las diligencias exigidas para el presente caso.
- Caso Jorge Anibal Rujel Espinoza
Los hechos de este caso tuvieron lugar durante la madrugada del 30 de abril de 2017, encontrándose actualmente el proceso en Etapa Intermedia, quedando pendiente la remisión de determinados oficios a la fiscalía a cargo del caso. A la fecha, el problema reside en que la fiscalía a cargo de este proceso está ubicada en la región de Tumbes, y muchas de las diligencias de investigación que se deben de realizar son llevadas a cabo de manera exclusiva en Lima. Por lo tanto, los oficios mencionados, a pesar de haber sido enviados en julio de 2019, no han recibido (en algunos casos) respuestas incluso hasta diciembre de ese mismo año, dilatando la investigación a cargo de la fiscalía durante varios meses, al no contar con elementos clave para el desarrollo de la acusación fiscal.
En el seguimiento realizado por nuestra parte, funcionarios del Instituto de Medicina Legal de Lima (Sub Gerencia de Biología Molecular y Genética) nos indicaron que el envío de los informes solicitados por la fiscalía no habían tenido respuesta pronta debido a que el Ministerio Público no había renovado el contrato con la empresa que brindaba el servicio de courier durante el año 2019, quedando algunos documentos varados en la sede del Ministerio Público pendientes de envío.
- Caso Marbella
El caso Marbella ocurrió el 2 de junio del año 2017 y cabe recordar que este caso trata sobre la muerte de 4 reclutas de las fuerzas armadas en la playa Marbella. Sin embargo, casi 3 años después, el caso continúa en etapa intermedia, no pudiéndose realizar el juicio oral en tanto la fiscalía no ha cumplido, a la fecha, con emitir dictamen de acusación fiscal, a pesar de haber recibido el expediente para dicha tarea en mayo de 2019. Según argumentan, esto se debe a que se trata de un caso complejo y la carga procesal que mantienen no les permite cumplir con sus labores de manera oportuna.
No obstante, resulta necesario considerar que en el fuero militar el procesado se sometió a la conclusión anticipada del proceso, reconociendo su responsabilidad sobre los hechos que generaron la muerte de los 4 jóvenes a su cargo. En la jurisdicción civil la fiscalía no cumple aún con promover la acción penal pública en tanto retrasan la acusación fiscal sin un argumento sólido.
- Caso Valdemir Quispialaya Vilcapoma – 23 de enero de 2001
Los hechos del caso, ocurridos el 23 de enero de 2001, tratan sobre la grave violación de derechos humanos dentro del ejercicio de la vida militar, al haberse producido
Al igual que en el caso Marbella, el proceso se encuentra aún en etapa intermedia, pues no se ha podido programar la audiencia de control de acusación fiscal para proceder al juicio oral.
Lamentablemente, a diferencia del caso Marbella, la fiscalía sí ha cumplido con presentar la acusación fiscal, sin embargo, esta, al carecer de 2 formalidades procesales – incumplimiento del protocolo de colaboración interinstitucional y falta de foliado del escrito – no ha sido recepcionada por el juzgado penal nacional, causándose un retraso innecesario en un caso de tal relevancia, pues cabe mencionar que este caso cuenta con una sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lima, 3 de enero de 2020