PRONUNCIAMIENTO
DECISIONES URGENTES QUE SALVEN VIDAS
Frente a la grave crisis humanitaria que se afronta en los penales de todo el Perú, y que afecta a internos y agentes penitenciarios, la Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH, se pronuncia:
Desde el inicio de la cuarentena, COMISEDH ha exigido que las autoridades responsables de la situación en los penales (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -a través del Instituto Nacional Penitenciario y del Programa Nacional de Centros Juveniles- y Poder Judicial), tomen las medidas adecuadas para evitar que el COVID-19 se propague al interior de los penales. Hasta la fecha, el coronavirus ha reclamado la vida de 7 servidores penitenciarios y más de 30 internos de diversos penales y aún no se tiene data oficial de la cantidad de contagiados. Además, numerosos internos han sido heridos o muertos en amotinamientos.
Las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo para contrarrestar el hacinamiento en los penales no han sido efectivas. De más de 2 mil internos por obligaciones alimentarias, sólo 210 han salido en libertad; y ninguna solicitud de indulto humanitario para enfermos terminales ha sido siquiera tramitada. Hemos leído con estupor declaraciones del presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales señalando que aún están a la espera de la información y documentación que debían remitir el Poder Judicial y el INPE. Los indultos comunes corren una suerte similar, pues las áreas administrativas del INPE no trabajan al 100% por temor al contagio del COVID-19. A este paso, se indultará a los internos de manera póstuma.
Frente a la poca o nula efectividad de las medidas dictadas por el Ejecutivo, y coincidiendo con las propuestas realizadas por especialistas en esta materia, COMISEDH propone que de manera inmediata:
- Los miembros de la Comisión de Indultos se desplacen a los penales, al menos a los de mayor población penitenciaria, e identifiquen los casos de enfermos terminales, recabando a la vez la documentación necesaria para solicitar inmediatamente al Presidente de la República el indulto humanitario. Lo mismo debe hacerse con los casos de indulto común o conmutación de penas.
- El Ejecutivo modifique el Código de Ejecución Penal y su reglamento, utilizando las facultades legislativas delegadas, ampliando las facultades de los directores de los penales para conceder el beneficio de cumplimiento de la pena por estudio y trabajo.
- El Poder Judicial dicte una Resolución Administrativa de obligatorio cumplimiento, para que los jueces penales den prioridad a la resolución de apelaciones, vencimiento de plazos y cese de las prisiones preventivas que quedaron pendientes antes del inicio de la cuarentena. De este modo, podría variar la situación jurídica de muchos procesados.
Estas propuestas, implementadas en el más corto plazo, permitirían la liberación de un número importante de internos y contribuirían a proteger la vida del personal penitenciario. También, debe trabajarse de manera inmediata medidas de liberación masiva de internos por delitos leves a nivel del Poder Legislativo, pues la situación amerita modificaciones que deben nacer del consenso para evitar aprovechamientos políticos.
Precisamente, los servidores penitenciarios se han pronunciado por la falta de liderazgo de parte de sus autoridades, expresando que se sienten abandonados en la difícil tarea que les compete, reclamando también que no se les ha brindado los elementos de bioseguridad necesarios para evitar ser contagiados.
Además, el número de trabajadores infectados -se estima en más de 200- y el fallecimiento de siete de ellos ha llevado a renunciar al INPE a muchos otros.
En ese sentido, hacemos un llamado para que las más altas autoridades del Ministerio de Justicia: ministro, viceministro y presidente del INPE inicien un diálogo directo con el personal de esta institución para respaldar su labor en el contexto crítico que enfrentan y faciliten de manera efectiva los canales de diálogo con los internos en los penales del país. Urge una acción inmediata que permita salvaguardar la vida de los trabajadores del INPE, así como de toda la población Penitenciaria.
Jesús María, 30 de abril del 2020