Soras: La violencia del PCP-SL en comunidades campesinas de Ayacucho

 

Por Carola Falconí Ascarza

 

Entre 1983 y 1984, muchas comunidades campesinas del sur y norte de la región Ayacucho se vieron envueltas en la espiral de violencia con el inicio del conflicto armado interno en el país. Uchuraccay, Lucanamarca, Sacsamarca, Soras y Huanca Sancos, no fueron ajenas a este proceso, siendo gravemente afectadas.

 

Antecedentes

A finales de los años 70 Sendero Luminoso había ganado cierta credibilidad entre los campesinos de la región Ayacucho. La ideología senderista había encontrado un marco adecuado para la propagación de su discurso en un contexto regional marcado por la pobreza, inequidad y la escasa presencia del Estado. (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003)

La promesa del desarrollo y la posibilidad del cambio hacia un país más integrador fue el catalizador para que los pobladores, especialmente los más jóvenes, se unieran a las filas del PCP-Sendero Luminoso.

Luego, ante el incremento de la violencia senderista que golpeó severamente a las fuerzas policiales, el Ministerio del Interior decidió en septiembre de 1981, el repliegue del personal que trabajaba en los puestos policiales ubicados al interior de Ayacucho.

Hacia finales de 1982 y comienzos de 1983, muchas comunidades ayacuchanas eran ya consideradas zonas liberadas por el senderismo. Las autoridades locales y comunales habían sido depuestas y reemplazadas por nuevas autoridades.

Nuevas formas de control social impuestas por los senderistas, restringían no sólo el comercio de tierras y ganado sino también el libre tránsito y desplazamiento de los pobladores en su propio territorio, especialmente hacia la costa. (COMISEDH, 2002)

La presión y la amenaza se convirtieron en manifestaciones del orden vertical que se instalaría en la vida cotidiana de los pobladores. Era un signo temprano del carácter violento y vertical que el PCP-SL imprimiría al conflicto armado interno, convirtiéndose en un aspecto esencial de su accionar.[1]

Los pobladores pronto se vieron afectados por las nuevas reglas de convivencia social impuestas por los senderistas. Así, las restricciones, vejámenes, la falta de libertades, la seria afectación de sus actividades económicas y la absurda muerte de muchos comuneros, fueron entre otros, algunos de los factores que estuvieron detrás de la organización de los campesinos contra el PCP-Sendero Luminoso.[2]

La Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló en su informe final que los pobladores de Huanca Sancos y de las alturas de Huanta (Iquicha), son los que más tempranamente se habrían organizado para rechazar la opresión del senderismo en la región Ayacucho.[3]

Posteriormente, nuevas investigaciones realizadas por COMISEDH confirman esta información. A fines de 1983, 25 comunidades campesinas de la cuenca del río Chicha –pertenecientes a las provincias de Sucre y Lucanas- formaron una alianza para luchar contra el senderismo. De igual forma que en Iquicha y Lucanamarca, el PCP-SL asestó un duro golpe contra los pobladores de esta zona -el 16 de julio de 1984- donde más de 100 comuneros fueron sido asesinados. Según la investigación de COMISEDH, senderistas bajo la dirección del hoy mando del VRAEM Víctor Quispe Palomino (a) José, disfrazados de militares y policías asaltaron un bus de la Empresa “Expreso Cabanino” que cubría la ruta Lima-Soras, recorrieron en un solo día varias comunidades de la cuenca del río Chicha, sembrando la muerte a su paso.

Soras: 1983-84

La madrugada del 26 de noviembre de 1983, a las 4 am., miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso incursionaron en Soras, al mando del camarada “José”. Los terroristas se dividieron en grupos e ingresaron a las viviendas de las víctimas, Juan Miranda Gutiérrez, Jorge León Pacheco y Olimpo Mauricio Jáuregui De La Cruz, a quienes los sacaron por la fuerza, bajo la acusación de ser “soplones” y los condujeron al local del Consejo Municipal donde los encerraron. A las 10:30 de la mañana, los senderistas convocaron a la población a la Plaza de Armas de Soras, para presenciar el juicio popular contra los soplones. Antes habían saqueado las viviendas de las víctimas.

Convocada la población, lo senderistas iniciaron el juicio popular en contra de las víctimas a quienes acusaron de soplones, inclusive les llegaron a colocar unos carteles en los que se leía “así mueren los soplones”. Las víctimas fueron puestas de rodillas y luego asesinadas de certeros balazos en la cabeza.  A uno de ellos - Juan Miranda Gutiérrez- le cortaron el cuello, la herida no fue de necesidad mortal y sobrevivió, falleciendo años después por otras causas.

Este evento criminal, fue ordenado y supervisado por el Camarada “José”, quien, como encargado militar de la zona, tenía el control absoluto de los acontecimientos. Los senderistas a su retiro ordenaron a la población que los cuerpos no fuesen sepultados; sin embargo, a solicitud de los familiares los cuerpos fueron posteriormente sepultados.

El pacto de la alianza

Los pobladores de Soras se reunieron el 13 de diciembre de 1983, contando con la participación de todos los comuneros y comuneras, tomando la decisión de organizarse en rondas para defender al pueblo de la acción de Sendero Luminoso.

El 10 de enero de 1984, hubo otra convocatoria, pero esta vez se trataba de una más amplia donde se reunieron las autoridades tradicionales de 25 comunidades de la cuenca del río Chicha, pertenecientes a las provincias de Lucanas y Sucre, entre ellas, Soras, Larcay, Matarca, Atihuara, Paucaray, Paico, Sihue y Llancca. Las autoridades de estos poblados firmaron un pacto de alianza contra los subversivos que estaban afectando sus poblados. Cada pueblo participante realizaría tareas de control cada quince días en sus respectivos sectores para poder identificar a senderistas en la zona y garantizar de esta forma, la tranquilidad de sus poblados.

En marzo de 1984, tras una incursión de unos 70 senderistas aproximadamente que llegaron hasta la Plaza de Soras e intentaron proseguir con su política de amedrentamiento a la población y autoridades, pero esta vez fueron repelidos por las fuerzas del orden, los que dejaron instrucciones a la población para que pudieran organizarse y defenderse en rondas campesinas.

Meses después, un lunes 16 de julio de 1984, un ómnibus interprovincial de la Empresa de Transportes Expreso Cabanino S.A. (ETECSA), hacía su recorrido habitual que semanalmente iba de Lima a Soras. A las 7 am., el vehículo fue asaltado por aproximadamente 40 senderistas, vestidos como militares y policías cerca de Chipao, Lucanas. El bus con algunos pobladores y los senderistas a bordo, prosiguió con su recorrido. En cada parada los subversivos fueron asesinando a personas cuyos nombres estaban en una lista: 7 a.m. Challapuquio; 9 a.m. Badopampa; 3 p.m. Doce Corral; 5 p.m. Chaupihuasi; y, 7 p.m. Tranca.

Hacia las 8 p.m., los senderistas llegaron caminando a Soras, el bus se quedó en el paraje de Tranca. Las autoridades estaban en la Plaza de Armas, mientras las mujeres, ancianos y niños estaban en sus casas, descansando. Los senderistas ataron y asesinaron a 18 varones. En la pared del municipio dejaron escrito con sangre: “Así mueren los soplones”. Al final de la sangrienta “jornada”, más de 100 campesinos, varones y mujeres, fueron asesinados a lo largo de la ruta del “bus de la muerte”.

Etapa judicial

En diciembre del año 2012, la Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho formuló denuncia por delito de asesinato con gran crueldad contra la cúpula de Sendero Luminoso (autor mediato) y contra Víctor Quispe Palomino «José» (autor directo y ejecutor).

El 1 de marzo de 2013, el Segundo Juzgado Penal Nacional (Expediente Nº: 13-2013) emitió el Auto Apertura de Instrucción, contra Manuel Ruben Abimael Guzman Reinoso, Elena Albertina Yparraguirre Revoredo, Oscar Alberto Ramirez Durand, Margie Eveling Clavo Peralta, Osman Roberto Morote Barrionuevo y Margot Lourdes Liendo Gil, como presuntos autores del delito de Terrorismo, en agravio del Estado; y por la presunta comisión del delito de Asesinato con gran crueldad, en agravio de Jorge Abilio León Pacheco y otros. Se inició la investigación judicial en la Sala Penal Nacional aceptando los términos de la denuncia fiscal, quien calificó los hechos como crimen de lesa humanidad.

El 26 de junio de 2013, el Segundo Juzgado Penal Nacional, amplió el Auto de Procesamiento comprendiendo a la encausada Laura Eugenia Zambrano Padilla como presunta autora mediata de la comisión del presunto delito de Terrorismo, en agravio del Estado, y por el delito de Asesinato con gran crueldad, en agravio de Jorge Abilio León Pacheco y otros.

El proceso fue declarado complejo por el Poder Judicial en el año 2014. Hasta el momento han brindado declaración más de 60 testigos o familiares de víctimas.

La Fiscalía solicitó y obtuvo la prisión preventiva de los subversivos Osmán Morote y Laura Zambrano, que estaban por salir en libertad debido a haber cumplido sus condenas por otros casos. En setiembre del 2016, se acordó ampliar de manera extraordinaria el plazo de investigación judicial.

El 18 de marzo de 2018, la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional presentó la acusación fiscal y solicitó 35 años de condena para la cúpula de Sendero Luminoso.  A julio del 2020, aún se espera el inicio del juicio oral. La Fiscalía debe subsanar las observaciones de la Sala Penal Nacional.

 

[1] CVR 2003: 71

[2] COMISEDH 2002: 3

[3] CVR 2003: 62