COMISEDH LANZA CAMPAÑA “PERÚ: CUMPLE TU PALABRA”
Por una legislación penal adecuada al Estatuto de Roma
Con el objetivo de impulsar la adecuación de la legislación penal peruana al Estatuto de Roma, pendiente más de dos décadas, que permite la sanción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, la Comisión de Derechos Humanos, Comisedh, lanza la campaña “Perú: cumple tu palabra”.
Se trata de una campaña que busca informar sobre la necesidad que el Perú establezca un estándar jurídico mínimo para evitar la impunidad de los crímenes internacionales.
Un compromiso con las víctimas y una garantía de no repetición
En un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, la justicia transicional supone la implementación de todas las acciones posibles para hacer frente a las secuelas dejadas en las víctimas, dignificándolas, restituyendo sus derechos, reparándolas y adoptando medidas para evitar su repetición.
Así, como garantía de acceso a la justicia y de no repetición de lo ocurrido, los Estados están llamados a realizar entre otras acciones, reformas jurídicas e institucionales que, por un lado, faciliten la acción de la justicia frente a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas, y por otro, prevengan la ocurrencia de estos hechos.
El Estatuto de Roma
El Estatuto de Roma busca precisamente hacer frente a la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra, y, para tal efecto tipifica estos crímenes y crea la Corte Penal Internacional. Este instrumento internacional ratificado por el Perú en el 2001, contiene el mínimo estándar jurídico para la investigación y judicialización de crímenes internacionales.
De acuerdo con el artículo 55º de la Constitución Política de 1993, los tratados celebrados por el Estado peruano y que se encuentran en vigor, forman parte del derecho nacional. Sin embargo, el derecho penal peruano requiere que se incorporen plenamente las disposiciones internacionales, ya que, por principio de tipicidad, nadie puede ser sancionado penalmente por acciones que, al momento de producirse, no constituyan delito en la legislación vigente.
En ese sentido, la falta de adecuación de la legislación penal al Estatuto de Roma podría generar vacíos legales que propicien la impunidad de los autores de los crímenes de guerra y contra la humanidad, dejando a las víctimas desprotegidas y al Estado pasible de una sanción internacional.
La adecuación de nuestro código penal al Estatuto de Roma contempla la tipificación de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, así como la derogación de cualquier disposición legislativa o administrativa que pueda constituirse en una traba en el ejercicio de las funciones de la justicia, tanto en el campo nacional como en el internacional. Considera también la incorporación de mecanismos que faciliten la colaboración entre las entidades del Estado y los órganos de la Corte Penal Internacional.
La tarea pendiente
Si bien en el nuevo Código Penal peruano, en consonancia con el Estatuto de Roma ha tipificado los delitos de genocidio (Art. 319), de tortura (Arts. 321 y 322) y de desaparición forzada (Art. 320); se ha identificado la inadecuada tipificación del delito de genocidio, ya que protege solo al grupo “social” y no al grupo “racial”. En el caso de los delitos de tortura y desaparición forzada el único sujeto activo es el Estado o quienes actúen con su consentimiento, dejando de lado el accionar de grupos armados. Está pendiente, la tipificación de otros crímenes como la deportación, traslado forzoso, embarazo forzoso, la esterilización forzada, el crimen de agresión, entre otros.
Tampoco se implementan las disposiciones penales respecto a la responsabilidad del superior y el no acatamiento de órdenes ilícitas. Estas últimas son especialmente relevantes en la coyuntura actual, en la que se pretende utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana o incluso entregar armas a personal civil que no está formado en labores de seguridad interna.
Comisedh viene impulsando acciones de incidencia e información en torno a la importancia de este tema en el marco del Proyecto "Prevención y rendición de cuentas en tiempos de justicia transicional (Perú/Colombia)", que se ejecuta con el apoyo de la Unión Europea en Perú.
Lima, 22 de febrero 2022
Oficina de comunicaciones
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