URGE RESPUESTA DEL ESTADO A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y SUS FAMILIARES EN TIEMPOS DEL COVID-19
Política de subsidios otorgados por el MIDIS a raíz de la pandemia debe incluir a víctimas del conflicto armado interno
El estado de emergencia nacional en el que nos encontramos a consecuencia del COVID-19 ha impactado en toda la población peruana, sin embargo, como ya lo hemos advertido antes, existen grandes sectores de la población particularmente vulnerables a la pandemia y al confinamiento. En este grupo encontramos a las víctimas de la violencia del conflicto armado interno.
Como demostró la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000 afectó mayoritariamente a población quechuahablante, campesina y pobre. Según las cifras actuales del Registro Único de Víctimas (RUV), 20 511 peruanos y peruanas se encuentran aún en calidad de desaparecidas. Los familiares de estas personas continúan buscando y esperando por más de 30 años la respuesta efectiva de parte del Estado.
Las víctimas de la violencia deben sumar a su vulnerabilidad social y económica, la afectación de su salud emocional, ya que en el actual contexto reviven con mucha angustia los estados de emergencia del conflicto armado interno durante los cuales sus seres queridos desaparecieron. Esta condición que se ha acrecentado con los años de angustia permanente que soportan, en tanto la mayoría de ellos viven un duelo inconcluso pues hasta ahora no saben qué pasó con sus familiares, por qué se los llevaron y dónde están sus desaparecidos.
Ante el reconocimiento de esta problemática, desde hace muchos años, organizaciones no gubernamentales como COMISEDH, entre otras, y más recientemente la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, DGBPD, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, MINJUSDH vienen brindando acompañamiento psicosocial a nivel nacional a las víctimas de la violencia y sus familiares.
El Gobierno ha promulgado decretos de urgencia para asignar bonos de ayuda a personas en estado de pobreza, extrema pobreza y trabajadores independientes, estableciendo una política de subsidio. Lamentablemente, la gran mayoría de víctimas del período de violencia y sus familiares no son beneficiarias.
Es por ello que, las organizaciones de familiares y de sociedad civil hemos solicitado se incorpore a las víctimas y a sus familiares en el padrón de beneficiarios de subsidios. Ante esto, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, CMAN, informó que luego de otorgarse el primer bono remitió la información del Libro I del Registro Único de Víctimas, RUV, al MIDIS. Pero hasta el momento no se ha recibido respuesta alguna del MIDIS.
COMISEDH está en constante comunicación con los familiares y ha comprobado que el reducido número de familiares que han resultado beneficiarios del bono “Yo Me Quedo En Casa” entregado por el MIDIS, tienen barreras de acceso a éste:
- La información publicada en Internet sobre dónde y cuándo recoger el bono no es accesible a todos los/as beneficiarios/as, muchos de los cuales son personas mayores de 65 años con teléfonos que sólo usan para realizar llamadas y sin acceso a internet.
- No hay respuesta oportuna mediante las herramientas de comunicación del MIDIS; la línea 101 no responde y el correo de contacto para preguntas está permanentemente saturado.
- Los beneficiarios rurales residen lejos de una agencia del Banco de la Nación o cualquier otro banco, que normalmente sólo funciona en las capitales provinciales. El riesgo que conlleva para su salud desplazarse, así como las limitaciones impuestas al transporte de pasajeros, no les permite movilizarse para el cobro correspondiente.
Ante lo expuesto, hacemos un llamado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, para que incorpore en su política de subsidios a las víctimas del conflicto armado interno y para que fortalezca los criterios de inclusión de sus políticas de subsidio con estas poblaciones, pues urge una pronta respuesta a las víctimas y sus familiares, que aún no reciben la atención del Estado.
Lima, 8 de mayo de 2020
Oficina de Comunicaciones
COMISEDH
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