40 AÑOS DESPUÉS DEL INICIO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, ES MOMENTO DE PROFUNDAS REFORMAS
Un día como hoy, hace cuarenta años, en el distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho, Sendero Luminoso empezó su guerra contra el Estado peruano. La Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH, cuya existencia atravesó todo el conflicto armado interno, se pronuncia en esta fecha:
- Rendimos homenaje a los más de 69 mil peruanos y peruanas que murieron en el conflicto armado interno, así como a los más de 20 mil desaparecidos. Nos unimos a las plegarias y a los recuerdos de sus familiares, y hacemos nuestro el reclamo de éstos por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
- Como institución que defiende los derechos humanos, rechazamos desde un inicio, el terror de Sendero Luminoso y del MRTA. Por ello, COMISEDH defendió y defiende a las víctimas de los casos Lucanamarca, Soras, entre otros perpetrados por los subversivos. 40 años después, reiteramos nuestra apuesta por la libertad y respeto por los derechos humanos, como elementos esenciales de cualquier democracia y nuestro rechazo al terror.
- Lamentamos que, pese a algunos importantes avances en la última década, como la creación del Registro Único de Víctimas (RUV), las reparaciones individuales y colectivas, y el inicio del plan de búsqueda de las personas desaparecidas, el Estado peruano no ha implementado buena parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, al no distinguir entre los programas sociales de lucha contra la pobreza y las medidas que reparan a las víctimas y sus familiares por su condición de tales, o al no integrar los derechos humanos y el estudio del conflicto armado interno en el currículo escolar, o al demorar la restitución de cuerpos de personas desaparecidas y/o ejecutadas extrajudicialmente a sus familiares y que se hallan bajo custodia estatal desde hace varios años.
- Las fallas estructurales encontradas por la CVR en nuestra democracia, así como los graves y profundos desencuentros de nuestra sociedad, afectan no sólo la gobernabilidad, sino que comprometen nuestra propia existencia como nación, como lo demuestra la actual crisis del COVID-19. La demora en incorporar a las víctimas del RUV dentro de los bonos del Estado, la situación que se vive actualmente en Iquitos en el contexto de la pandemia, y el abandono en que se encuentran los pueblos indígenas amazónicos nos muestran que, pese al tiempo transcurrido, el país no ha cambiado respecto del descrito por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Es momento de que Estado, partidos políticos y sociedad civil organizada reflexionemos seriamente sobre la necesidad de emprender profundas reformas que cambien, para bien y de una vez por todas, la relación entre el Estado y los ciudadanos y ciudadanas. De lo contrario, todos los sufrimientos del conflicto, los muertos y desaparecidos, los huérfanos y desplazados, las mujeres viudas y violentadas sexualmente, los pueblos borrados de la faz de la tierra, habrán sido en vano.
Jesús María, 17 de mayo de 2020