La CVR concluyó que los periodistas fueron vistos por un sector de las Fuerzas Armadas (FFAA) como “una amenaza para la lucha contra el terrorismo”. Los “graves desencuentros” entre periodistas y FFAA llegaron “al extremo de provocar asesinatos que se sumaron a los excesos (de las FFAA)” que la prensa denunciaba. Asimismo, la CVR precisa que “la intención de llevar a cabo investigaciones periodísticas serias y reveladoras acerca de la lucha contrasubversiva convirtió a muchos periodistas en objeto de violencia y encono por parte de un sector de las FFAA”.

Prueba de ello son los asesinatos de periodistas ocurridos durante el conflicto armado interno en Ayacucho, entre ellos las ejecuciones extrajudiciales de Hugo Bustíos Saavedra en 1988, Luis Morales Ortega en 1991 y la desaparición forzada de Jaime Ayala Sulca en 1984 en el Estadio Municipal de Huanta, donde estaba acantonada la Infantería de Marina.

De otro lado, el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH establece que donde existe conflicto armado interno “la agresividad e intolerancia característica de los actores armados sigue constituyendo una amenaza muy grave para la vida y la integridad de los periodistas” debido a las revelaciones y denuncias que estos efectúan. La Relatoría puso como ejemplo el caso de Hugo Bustíos, quien fuera asesinado por una patrulla militar en el cumplimiento de su labor.

Ambos documentos fueron presentados como prueba contextual por el Dr. Hernán Barrenechea, abogado de COMISEDH, con el objetivo de acreditar consistentemente que el asesinato del periodista Bustíos constituye un crimen de lesa humanidad.

La próxima sesión ha sido programada para este lunes 23 de enero a las 9:30 de la mañana en la Sala Penal Nacional (Av. Uruguay 145, Cercado de Lima).