Tras las palabras de bienvenida de Dania Coz, abogada de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y Coordinadora del GTCT, el evento se inició con los testimonios de Valdemir Quispialaya (ex soldado del servicio militar voluntario víctima de tortura) y Manuel Falla (padre de Gerson Falla, joven muerto tras ser torturado por agentes policiales).
Ambas historias dejaron en evidencia que la tortura se sigue perpetrando en nuestro país y existe una debilidad institucional para sancionar a los perpetradores del delito de tortura, al punto que para obtener justicia, las víctimas y sus familiares deben luchar por largos años, e incluso acudir ante instancias supranacionales.
Porfirio Barrenechea, director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNPT), ente adscrito a la Defensoría del Pueblo, presentó algunos avances de lo que será su Segundo Informe Anual, en el que se reportaron 174 casos de tortura y tratos crueles durante el período Abril 2017-Marzo 2018.
Señaló también que la labor del MNP es prevenir actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes mediante la supervisión de centros de privación de la libertad como establecimientos penales, instalaciones militares, centros juveniles, hospitales psiquiátricos, comunidades terapéuticas, entre otros, y a través de recomendaciones e informes a las autoridades pertinentes y a la ciudadanía.
Por su parte, Jessica Saca, abogada de COMISEDH, y Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) destacaron los múltiples obstáculos que deben enfrentar los defensores de derechos humanos en la judicialización de casos de tortura, como son los vacíos e inconsistencias legales y la falta de criterios uniformes para el juzgamiento.
La exposición de Carlos Jibaja, Director de Salud Mental del Centro de Atención Psicosocial (CAPS), fue enfática en señalar la gravedad de las secuelas de la tortura; ésta deja “fracturas psicológicas” que tienen un impacto muy prolongado en la conducta, el proyecto de vida y las relaciones interpersonales de quien la sufre, incluso 20 o 30 años después de ocurridos los hechos.
Entre las conclusiones del evento destacan:
• La necesidad de controlar el uso indebido de la fuerza por parte de la policía, especialmente en el momento de la detención.
• La necesidad de que las víctimas de la tortura, y no sólo los perpetradores, cuenten con asesoría legal del Estado.
• La necesidad de generar un sistema de alerta sobre casos de tortura o malos tratos en centros de privación de la libertad, con participación de la Defensoría del Pueblo y los organismos de derechos humanos.
• La necesidad de que las pericias forenses en casos de tortura sean puestas en manos del Instituto de Medicina Legal, y no de la Dirección de Criminalística de la Policía.
Finalmente, los participantes señalaron que una persona que ha sido torturada por agentes estatales requiere que sea el mismo Estado el que provea medidas de reparación integral para la efectiva rehabilitación de los daños intencionalmente cometidos contra su integridad y dignidad humanas. Es necesario, por tanto, que la búsqueda de solución a esta situación se priorice en la agenda estatal.
Lince, 28 de junio del 2018.
Grupo de Trabajo Contra la Tortura:
Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
Centro de Atención Psicosocial (CAPS)
Instituto de Defensa Legal (IDL)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
Amnistía Internacional (AI)