La tortura, una práctica que debe ser erradicada

Hoy 26 de junio, se conmemora el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura, luego que la Asamblea General de la ONU proclamara esta fecha, en diciembre de 1997, en reconocimiento a los sobrevivientes de las torturas en el mundo.

Según ha recordado el Secretario General de la ONU, António Guterres, en este día se reconoce y rinde tributo al gran número de personas que han sobrevivido a las torturas en todo el mundo, especialmente a aquellas que fueron torturadas debido a sus opiniones políticas o tan solo por ser diferentes. La tortura es inaceptable y está injustificada en todo momento, incluidos el estado de emergencia y la inestabilidad política e incluso la guerra. Concluyó señalando que, en este día, debemos rendir homenaje también a quienes se solidarizan con las víctimas y sus familias y debemos reafirmar nuestra determinación de poner fin a esta práctica abominable e inútil.

La Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, establecen la prohibición absoluta de la tortura. La tortura constituye una grave violación de los derechos humanos que despoja de su dignidad a las víctimas, destruye su personalidad, niega su libertad, desconoce su igualdad y anula por completo su autonomía. Es una práctica cuyas secuelas son devastadoras y dejan huellas imborrables en las personas que la sufren.

Lamentablemente, la tortura es un problema que aún afecta a muchas personas en el Perú. Sólo en el 2018, la Defensoría del Pueblo registró 223 quejas por maltrato físico, psicológico, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como por el uso desproporcionado de la fuerza pública, entre otros. El Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación por la tendencia a la “normalización” de las prácticas desproporcionadas en el uso de la fuerza en comisarías y requisitorias durante las detenciones, en escuelas de formación policial y militar, en centros de rehabilitación y otros lugares donde los ciudadanos están bajo el cuidado o custodia del Estado.

Es fundamental tener claridad respecto a que la autoridad no puede ejercerse con abuso. En tal sentido, los Estados están obligados a capacitar a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el uso legal, necesario y proporcional de la fuerza a fin de evitar hechos de tortura u otros malos tratos. En los últimos años se ha reforzado la implementación de talleres y cursos dirigidos al personal policial con la finalidad de capacitarlos en el uso legítimo de la fuerza y la prevención de la tortura. COMISEDH ha participado en ellos en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de los mecanismos de prevención, judicialización y rehabilitación de la tortura y la violencia sexual en el Perú”, ejecutado junto con el Centro de Atención Psicosocial (CAPS) y con el apoyo de la Unión Europea; así como también en talleres para personal del serenazgo con el apoyo de la Embajada de Alemania.

Es importante señalar en esta fecha, que las autoridades tienen el deber de respetar y proteger el derecho de todos los hombres y mujeres a no ser sometidos a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; y que los y las ciudadanas sepan que tienen derecho a un trato digno por parte de cualquier autoridad, cualquiera sea la situación en la que se encuentren.

Hoy debemos recordar además a todos ellos que han fallecido a causa de actos de tortura y solidarizarnos con todas las personas que, habiendo sobrevivido, sufren sus devastadoras consecuencias físicas y psicológicas; y tomar conciencia de cuánto nos falta como sociedad para erradicar el flagelo de la tortura.

Lima, 26 de junio de 2019

Oficina de Comunicaciones

Comisión de Derechos Humanos

COMISEDH